"El fallo de la Corte es nefasto para el orden marítimo del Caribe"

Fuera de que Nicaragua violó el derecho internacional, la Corte le otorga como premio más de 70.000 kilómetros de espacio marítimo. Con este antecedente, ¿Cuántos países estarán hacer lo mismo, es decir, ponerle fin de manera unilateral a los tratados para pedir a la Corte que estudie, falle y trace nuevas fronteras, tal y como lo hizo Nicaragua?. 

SEMANA: ¿Y por qué dice que el fallo es también nefasto para el Caribe? 
A. J .R.: El Caribe es una de las regiones más frágiles y complejas del planeta, en la cual coexisten estados de todas extensiones territoriales, estructuras, formas de gobierno y niveles de desarrollo. Coexisten allí varias potencias del mundo (algunas como potencias coloniales o metrópolis) con países subdesarrollados y menos avanzados; hay tráficos de todo tipo, legales e ilegales; flujos migratorios; turismo intenso; navegación en aumento, un paso estratégico de importancia mundial como es el Canal de Panamá y sobre todo, unos ecosistemas frágiles, reconocidos como de importancia planetaria. Al afectar tratados consolidados por Colombia con otros Estados ajenos a la controversia, la Corte decidió alterar ese orden construido pacientemente durante muchos años. Poco a poco irá apareciendo que los tratados irán cayendo afectados como fichas de dominó. Es algo sin precedentes. La Corte ha tomado decisiones en varios casos relacionados con el Mediterráneo y el Mar del Norte, pero nunca afectando tan drásticamente el orden de esos mares. 

SEMANA: ¿Cuáles otros aspectos son criticables en ese fallo? 

A. J. R.: Hay dos aspectos centrales, además de otros aspectos técnicos que no es necesario evocar ahora. Uno, que el fallo evidencia aspectos subjetivos ajenos a los métodos clásicos para trazado de fronteras marítimas, a saber, la línea equidistante y las circunstancias relevantes. Otro, la Corte impidió arbitrariamente la intervención de Honduras y Costa Rica, países que pudieron haber apoyado la posición de Colombia. Creo que son aspectos sustentables, que permiten a Colombia fundamentar su inconformidad con ese fallo. Pareciera como si en ese caso todo hubiese complotado a favor de Nicaragua. 

SEMANA: ¿Pero la corte tenía o no jurisdicción para asumir el caso? 
A. J. R.: Sobre esto existe algo de confusión. En el sistema judicial internacional, los estados son libres para aceptar o no la competencia de la corte, pudiendo sustraer la competencia de la misma para una controversia especifica. Esto no es una trampa ni un “conejo” que un Estado le pone a otro Estado, sino una facultad que otorga el derecho internacional a los Estados y desde luego el retiro de competencia debe estar bien y seriamente fundamentado. Colombia pudo sustentar que no iba a la corte manteniendo para ello la vigencia de la frontera general y básica establecida por los dos Estados, constituida por el Meridiano 82, conforme quedó establecido por el Tratado Esguerra-Barcenas y la Nota de Canje de 1930. En 1995 Canadá se negó a comparecer ante la corte frente a una demanda de España y al final, ambos solucionaron sus diferencias. Algo similar debió seguir Colombia 

Al aceptar Colombia comparecer, la Corte adquirió competencia para decidir. Estas son cosas que hay que clarificar, no para juzgar a nadie sino para que no vuelvan a repetirse. Algunos consideran que la historia es cíclica; ahí está Panamá para confirmárnoslo. 

SEMANA: Pero se ha dicho que si no hubiésemos comparecido ante la Corte nos hubiese ido peor. 
A. J. R.: No puede ser que si comparecimos ante la Corte nos fue como nos fue y si no hubiésemos comparecido nos hubiera ido peor. Es decir, el desastre o la catástrofe. Ese escenario apocalíptico no existe para ningún Estado en el mundo, menos para un Estado como Colombia, comprometido por su Constitución Política a respetar el derecho internacional. El derecho internacional ofrece mecanismos variados a los Estados; unos gobiernos los utilizan más eficazmente que otros. ¡Y en qué forma! La prudencia aconsejaba a Colombia abstenerse de comparecer; sobraban las razones jurídicas y geográficas para fundamentar esa decisión. 

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